La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, a partir de testimonios y diligencias sobre el ocultamiento de videograbaciones relacionadas con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Agentes federales cumplimentaron el mandato judicial este jueves en el Estado de México.
Ernestina Godoy, titular de la institución, sostuvo que un nuevo examen del expediente permitió establecer la posible intervención del exmandatario en la desaparición de material captado la noche del 26 de septiembre de 2014. “El trabajo de análisis acreditó, con plena evidencia y apego al debido proceso, la posible participación de Ángel ”N", exgobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”, afirmó.
Cámaras de seguridad oficiales identificadas con los números 12 y 15 grabaron al autobús Estrella de Oro 1531, en el cual viajaba un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Los equipos se encontraban en el exterior del Palacio de Justicia estatal, en Iguala, y registraron el momento en que policías municipales y estatales detuvieron la unidad.
Durante las primeras investigaciones, autoridades aseguraron que las imágenes no existían debido a presuntas fallas técnicas del sistema. Godoy indicó que diligencias posteriores desmintieron esa versión y confirmaron que los dispositivos sí captaron el paso del vehículo y la intervención de los agentes.
Para el Ministerio Público, la desaparición de los registros no respondió a una falla operativa ni a una decisión individual. Godoy definió el hecho como el “resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”.
En enero de 2026, una persona colaboradora aportó un testimonio que confirmó la existencia de las grabaciones. Esa fuente también identificó a quien sustrajo el material para entregarlo directamente al entonces gobernador y denunció amenazas que, de acuerdo con la fiscal, explicaron su silencio durante años.
Un segundo testigo protegido reforzó esa declaración en mayo de 2026. Según su relato, Aguirre Rivero ordenó durante una reunión con mandos de primer nivel de su administración “desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”.
La titular de la FGR sostuvo que la orden no quedó limitada al exmandatario. “La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”, declaró.
Tras reunir esos datos, el agente responsable de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó el mandamiento judicial contra el exmandatario. Un juez autorizó la captura por los dos delitos señalados y personal federal ejecutó la resolución con respeto a sus derechos humanos, según el mensaje oficial.
Frente a los familiares de los estudiantes, la fiscal expresó solidaridad y aseguró que la institución mantiene como objetivos centrales conocer el destino de los jóvenes y presentar ante los tribunales a todas las personas que participaron en los hechos. También ofreció comunicar los avances conforme lo permita el debido proceso.
Godoy afirmó que las pesquisas continuarán bajo un nuevo modelo de revisión de las actuaciones acumuladas durante casi 12 años. “No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos”, concluyó, después de comprometer “seriedad, profesionalismo y rigor científico” en el desarrollo de esta investigación.
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