El Tribunal de Disciplina Judicial calificó como no satisfactorio el desempeño de 89 de las 851 personas juzgadoras electas que evaluó durante el primer año del nuevo Poder Judicial de la Federación. Otras 762 obtuvieron un resultado favorable, equivalente a 89.5 por ciento del total, informó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.
Durante su mensaje por el primer año de la nueva Corte, el ministro presidente aseguró que la revisión de personas juzgadoras es parte de los mecanismos con los que se asegura una mejor impartición de justicia.
En este sentido, detalló que la revisión realizada para el primer año de actividades incorporó criterios cuantitativos y cualitativos sobre el trabajo jurisdiccional.
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Precisó que a diferencia del modelo centrado únicamente en cifras de productividad, el Tribunal de Disciplina modificó la forma de examinar el trabajo de quienes imparten justicia. La evaluación, sostuvo, ahora considera la calidad de la función judicial y no sólo la cantidad de asuntos concluidos.
Frente a los resultados expuestos, el presidente de la Corte vinculó la supervisión con la obligación de rendir cuentas sobre el funcionamiento de las instituciones surgidas de la reforma judicial. “Quien hemos elegido tiene derecho a vigilarnos todos los días”, expresó al abordar los indicadores de gestión y el ejercicio de recursos públicos.
Destaca apertura de visitadurías regionales y atención a conductas internas
Como parte de sus nuevas atribuciones, el Tribunal de Disciplina también abrió seis visitadurías regionales con cobertura nacional y una oficina de atención ciudadana que recibió a más de mil 200 personas durante el periodo informado.
Aguilar Ortiz incluyó esas acciones entre los mecanismos destinados a ampliar la vigilancia y el contacto con usuarios del sistema de justicia.
Otro frente de actuación corresponde a conductas dentro de los centros de trabajo. De acuerdo con el balance, el órgano disciplinario atendió asuntos relacionados con hostigamiento sexual, acoso laboral y discriminación, además de aplicar medidas cautelares en casos que podrían afectar las condiciones en las que trabaja el personal judicial.
Se encontraron asuntos administrativos sin atender, que ya fueron revisados
Más allá de la revisión a personas juzgadoras, Aguilar utilizó el informe para exponer deficiencias administrativas que, aseguró, encontró la nueva integración de la Suprema Corte. Entre ellas ubicó 3 mil 177 promociones sin atender y 18 mil 38 razones secretariales que ya contaban con firma, pero permanecían pendientes del cierre de los expedientes correspondientes.
Según el diagnóstico presentado, también había 230 piezas postales pendientes, 345 asuntos sin acuerdo ni trámite, cerca de 3 mil expedientes que no llegaron al archivo desde 2024 y alrededor de 20 mil registros diversos que continuaban activos.
El ministro afirmó que aún existen casos que la integración anterior no incorporó correctamente a sus controles internos.
SCJN implementará sistemas electrónicos
Además de esos pendientes, la revisión detectó que cada área de la Corte mantenía registros electrónicos propios y que parte de la información se capturaba de forma manual. Aguilar sostuvo que el máximo tribunal carecía de un sistema único que permitiera establecer con precisión cuántos expedientes tenía bajo su responsabilidad en determinado momento.
“No es una acusación, es un hallazgo documentado”, afirmó al describir las condiciones administrativas localizadas durante los primeros meses.
A partir de esa revisión, la SCJN suspendió temporalmente la difusión de sus estadísticas mientras modifica los mecanismos utilizados para recopilar y procesar información.
Para corregir esos controles, la institución comenzó a sustituir los libros y registros manuales por sistemas informáticos. También fijó reglas para la formulación de votos, puso en operación una plataforma de gestión de tesis y avanzó hacia expedientes electrónicos en los amparos directos en revisión.
En ese mismo balance, Aguilar sostuvo que una institución judicial necesita medir su desempeño para detectar fallas, planear cambios y rendir cuentas.
“Un tribunal que no se mide no puede planear, no puede saber si lo que cambió sirvió de algo”, señaló ante integrantes de los nuevos órganos del Poder Judicial y representantes de otras instituciones del Estado.
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