Nos cuentan que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán sigue cargando con el estigma de la traición. Ayer, durante una visita que realizó a Mérida, el magistrado en retiro Pablo Monroy lo increpó, al recordarle su voto del 5 de noviembre pasado en el pleno del alto tribunal, que le quitó el último nubarrón a la reforma al Poder Judicial para que siguiera su curso. En un video que ha circulado profusamente en las ya no tan benditas redes sociales, le pide ver “las consecuencias que estamos sufriendo por ese voto que tú no diste a favor del proyecto: candidatos a jueces que son personas ligadas al narco, y eso es una consecuencia de lo que tú no votaste. ¿Cómo puedes vivir con eso en la conciencia?”, le espetó al ministro. “Te califico de traidor y te lo digo de frente”, finalizó el exmagistrado, quien además fue su compañero de trabajo antes de que Pérez Dayán tomara el cargo en el máximo tribunal. Uf.
Seguimiento a la tragedia en el Axe Ceremonia
Semana de respuesta al magisterio
Y quienes han seguido la tragedia ocurrida del Festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, nos piden no perder de vista el dato que dio a conocer ayer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, quien dejó en claro que las grúas que cayeron durante el evento, provocando la muerte de dos jóvenes, no formaban parte del Plan de Protección Civil presentado por los organizadores del evento. Una afirmación, nos aseguran, que respalda lo señalado por el alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien explicó que esas grúas nunca fueron reportadas ni detectadas durante la verificación realizada un día antes del festival. La fiscal estableció además que se montaron el mismo sábado, día del accidente. Por ello, las pesquisas se centrarán en cuatro empresas: Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, concesionaria del Parque Bicentenario; Grupo Eco, la organizadora; y dos más: una a la que subcontrató para elaborar el plan de Protección Civil y otra encargada de colocar las grúas.
Los temas de salud resultan siempre de relevancia para los gobiernos. Y aunque hay ejemplos, algunos recientes, de formas omisas y erróneas de manejar enfermedades, bien vale la pena echarle un vistazo al dato según el cual el estado de Nuevo León ha logrado disminuir la mortalidad de menores que padecen cáncer. De acuerdo con lo dado a conocer por el gobierno que encabeza Samuel García, los casos pasaron de una tasa de 5.61 por cada 100 mil niñas niños y menores en 2022, año en que se lanzó el programa Cobertura Universal para niñas, niños y adolescentes con cáncer, a una de 3.07 en 2024. La Secretaría de Salud estatal reveló que en el 2021 los tumores malignos representaban la segunda causa de muerte en niñas y niños de 1 a 4 años. Sin embargo, al cierre de 2024 pasó a ser la cuarta causa. “Se empieza a marcar esta disminución importante, históricamente en los últimos 10 años no habíamos tenido una tasa de mortalidad tan baja como la que tuvimos en el 2024, ha referido esa dependencia.
El asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, en Jalisco, desató una ola de condenas, plenamente justificada. Pero quien desentonó, nos dicen, fue la Fiscalía estatal, al suponer, para algunos de manera anticipada, que el doble crimen no está relacionado con la labor de rastreo de María del Carmen. El órgano de justicia repitió la fórmula que aplicó con el homicidio de otra buscadora, Teresa González, quien murió el pasado 2 de abril, cuatro días después de sufrir un ataque armado. En ambos casos, la Fiscalía no tuvo ni siquiera el gesto de reconocer el carácter de activistas de las víctimas, y se apresuró a tratar de desvincular las agresiones de su labor de rastreo. El gobernador Pablo Lemus y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tuvieron empacho en reconocer la gravedad de los atentados. Pero la Fiscalía… bueno, parece que la lección del caso Teuchitlán, en el que fueron denunciadas varias omisiones de la institución estatal no ha sido suficiente. Uf.
Un fenómeno grave que no ha sido del todo visibilizado, nos comentan, es el reclutamiento de menores de edad por grupos del crimen organizado. Según el especialista de ChildFund México, Yil Felipe Wood, los estados de Colima, Sonora y Morelos concentran la mayor cantidad de niños y adolescentes que forman parte de la delincuencia organizada. Quienes conocen de los temas de seguridad nos aseguran que no se trata de una casualidad, pues las tres entidades se han caracterizado en los últimos años por un elevado nivel de violencia y de incidencia en delitos de alto impacto. En Colima y Sonora, la crisis empezó desde la llegada al poder de Indira Vizcaíno en el primer caso, y de Alfonso Durazo en el segundo. En cuanto a Morelos, la estela de inseguridad tiene su origen en la administración de Cuauhtémoc Blanco. En los tres estados operan a sus anchas los principales cárteles del crimen, pero las autoridades actúan como si no pasara nada. Y cuando ocurre algo de verdadera relevancia, suelen patear el bote, en espera de una nueva crisis, para repetir la acción.
Y nos platican que lo que no se ha cerrado y continúa es el debate entre si se deben prohibir o regular los narcocorridos. En el Senado, la bancada del Partido Verde propuso ahora que, así como los productos ultraprocesados advierten con sellos respecto a los riesgos para la salud de quienes los consumen, la música que hace apología del delito, de la violencia o que denigra a las mujeres, tenga, de igual manera, advertencias explícitas. Esto tendría como finalidad que la sociedad cuente con mecanismos para identificarla y que sea ésta la que determine si la consume o no, sobre todo, al asistir a los espectáculos públicos en donde se presentan sus intérpretes. Los verdes señalaron que no se trata de censurar, sino de brindar herramientas para que las familias puedan tomar decisiones informadas sobre lo que consumen sus hijos. Ya se verá qué tan viable puede ser el planteamiento ecologista, aunque a muchos por lo pronto hace dudar que se equipare a un narcocorrido con un pastelillo. Sobre todo, porque a pesar de los dichosos sellos se sigue consumiendo a raudales.
