› ¿Acción de EU contra políticos mexicanos?
Varias cejas se levantaron ayer al conocerse una publicación de Los Ángeles Times según la cual el gobierno de Estados Unidos estaría en la idea de apuntar contra narcofuncionarios mexicanos. Con el título “Es posible que EU se centre pronto en políticos mexicanos en el marco de su campaña contra la corrupción”, el artículo da cuenta de las más recientes declaraciones que hizo el embajador Ronald Johnson en Sinaloa, durante la inauguración de una planta de capital estadounidense. “La corrupción no sólo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza…”, cita el rotativo. Pero además advierte que “sus comentarios forman parte de una agenda más amplia y provocadora, según fuentes familiarizadas con la relación bilateral”. Y en ese sentido anticipa que “la ofensiva podría ir más allá de la revocación de visados e incluir acusaciones federales contra políticos mexicanos… Marcan el inicio… de una amplia campaña anticorrupción de la administración Trump…”. Pendientes.
Un muy rudo entuerto
Quienes conocen el acontecer cotidiano en Morena nos recuerdan una foto, que ahora luce remota, de septiembre de 2024. En ella aparecen Luisa Alcalde y Andy López Beltrán con el brazo izquierdo en el caso de ella y el derecho en el de él, levantados para rendir protesta como presidenta y secretario de Organización, respectivamente, de ese partido. Se señalaba entonces que una nueva generación daría nuevos alientos a la política partidista. Sin embargo, al paso de las semanas, los meses y los años, cada uno de esos dos políticos fue teniendo sus respectivos tropiezos, poniendo en duda si harían una gran aportación al guinda. Lo anterior viene a cuento, porque tras una semana de cambios relevantes y anuncios de lo que podría venir, Morena lanzó la convocatoria a su VIII Congreso Nacional Extraordinario para renovar las vacantes que tiene en la Presidencia y en la Secretaría de Finanzas. Será el 3 de mayo y hasta ahora sólo se ha mencionado el nombre de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, como quien llegará al relevo de Alcalde. Veremos.
Con la novedad de que algunos sucesos relacionados con la inseguridad y la violencia han encendido focos amarillos en Chiapas, entidad a cargo del morenista Eduardo Ramírez, que mandan malas señales sobre la gobernabilidad. En el municipio de Tapachula, se ha informado, ocurrió un ataque armado en un bar que tuvo como saldo tres personas muertas. Los hechos ocurrieron en un establecimiento conocido como El Hormiguero. Hasta ese lugar llegaron hombres a bordo de motocicletas que ingresaron el inmueble, ejecutaron el ataque y después de retiraron. Al menos hasta la tarde de ayer no se tenía noticia alguna sobre su paradero. Otro suceso de violencia ocurrió apenas el pasado 24 de abril en el municipio de Nicolás Ruiz, donde fueron asesinados José Alfredo Jiménez Paredes y Luis Ángel Gómez Ramírez. De acuerdo con pobladores, sujetos armados entraron a esa demarcación y dispararon contra la comunidad. Luego se dirigieron al municipio de Venustiano Carranza, donde comuneros mantenían bloqueos por demandas agrarias. Se habla hasta el momento de seis personas muertas.
Y será este lunes cuando la fiscal general Ernestina Godoy acuda al Senado para encontrarse con los integrantes de la Comisión de Justicia y presentarles el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030. En la propia Cámara alta ya cuentan con el documento que será objeto de revisión en el cual se plantean varios ejes: reestructuración de la Fiscalía General de la República para ponerla al servicio del pueblo —con una administración eficiente, transparente y ordenada—; coordinación con las Fiscalías locales y las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como las autoridades estatales; fortalecimiento de las Fiscalías estatales; nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia; modernización y Fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal; estrategias nacionales para la atención de la extorsión, búsqueda de personas y violencia contra las mujeres; víctimas como eje de la actuación y combate a la corrupción y rendición de cuentas. Si hoy transita, como se espera que ocurra, nos dicen, se avalaría en el pleno mañana.
Y nos piden no perder de vista el caso del asesinato de la joven Carolina Flores, el cual ocurrió en un entorno doméstico en Polanco, en la Ciudad de México, pero ha estado teniendo efectos expansivos. El sábado en Ensenada, Baja California, familiares y amigos de la exreina de belleza de 27 años, asesinada a tiros por su suegra, se manifestaron para exigir justicia. Sus reclamos han comenzado a escalar para que autoridades de todos los niveles puedan dar con el paradero de la victimaria, Erika María Guadalupe “N”, a quien se señala de haber participado hace años en política. El caso, que se indaga como feminicidio, ha estado muy vigente en conversaciones de redes sociales, nos comentan, pues Alejandro Sánchez, esposo de Flores e hijo de la homicida, denunció los hechos hasta el día siguiente de que ocurrieron. La marcha que se llevó a cabo llamó la atención porque los asistentes vistieron de blanco y mostraron pancartas con mensajes dirigidos a las autoridades que investigan el caso. Ahí el dato.
› Exigencias e indagatorias en curso
Y fue el movimiento de los padres de los normalistas de Ayotzinapa el que ha salido nuevamente a las calles, como lo hace cada mes, para mantener su reclamo abierto ante las autoridades. En esta ocasión llevó a cabo una movilización al Hemiciclo a Juárez, y aseguró que en el caso hay un estancamiento en las investigaciones. “Ya pasaron cinco meses. Se acordó que después de dos meses del encuentro íbamos a sentarnos de nuevo para abordar el tema de las peticiones, entre ellas el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, señaló ayer. Llamó la atención, nos comentan, que enumeró varios puntos que mantuvo durante el sexenio de AMLO. Apenas el mes pasado se informó sobre la línea de investigación que el Gobierno federal está siguiendo relacionada con una funeraria localizada en el municipio de Iguala y que, se indicó, fue descartada al principio de las indagatorias. Es sabido que el inmueble seguía asegurado precisamente por estas investigaciones. Atentos.
