Representantes del Partido Acción Nacional denunciaron que entre 2019 y 2024 se acumularon cerca de 30 mil carpetas de investigación por despojo en la Ciudad de México. Durante el primer semestre de 2026, la Fiscalía capitalina recibió otras mil 978 denuncias, equivalentes a un promedio de 11 casos diarios.
Acción Nacional atribuyó la persistencia de este delito a una presunta red de complicidad que involucra fiscalías, notarías, juzgados, policías, oficinas registrales y trabajadores clave en áreas de vivienda. Algunas de las víctimas relataron procesos de hasta 26 años, expedientes extraviados, cambios constantes de investigadores y sentencias que no consiguieron restituirles sus inmuebles.
La denuncia tomó forma durante una conferencia encabezada por la dirigencia capitalina del PAN, legisladores y personas afectadas. Daniela Álvarez, diputada local, definió el problema como un “monstruo de mil cabezas” y afirmó que las mesas convocadas por la Fiscalía General de Justicia no ofrecen resultados, pese a que algunas víctimas acudieron más de diez veces. “Quieren cansar a las personas”, expresó al describir procedimientos que regresan al punto inicial cada vez que cambia el responsable de una investigación.
El recuento presentado por Acción Nacional colocó a 2021 como el año con más denuncias del periodo, con 4 mil 439. Para 2026, el partido reportó mil 978 casos al cierre de junio, cantidad equivalente a un promedio de 11 hechos diarios. Los legisladores atribuyeron esas cifras a registros de la propia Fiscalía, aunque no entregaron una base documental durante la conferencia ni precisaron cuántos expedientes llegaron ante un juez.
Uno de los testimonios más extensos correspondió a Carlos Roel Teresa, quien narró una disputa de 22 años por un edificio que el Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México mantiene ocupado desde 2004. Según su relato, un juez federal ordenó la devolución del inmueble y un tribunal colegiado confirmó el fallo por unanimidad, pero la dependencia interpuso recursos y no ejecutó la resolución. “Estamos litigando contra la autoridad”, resumió al explicar que su carpeta pasó cinco veces al no ejercicio de la acción penal.
Fernando Reyes Rodríguez expuso una batalla de más de un cuarto de siglo por el predio de Lisboa 40, en la colonia Juárez. El afectado aseguró que la Fiscalía perdió documentos y dejó sin avance las investigaciones, mientras otras familias enfrentaron situaciones similares en edificios del Centro Histórico. “Son 26 años de lucha y vamos a seguir”, declaró después de señalar que las autoridades no ofrecieron una respuesta definitiva.
Juanito Tonatiuh relató otro episodio ocurrido en Insurgentes Sur 385. De acuerdo con su versión, agentes de la Policía de Investigación desplegaron un operativo armado para desalojar a habitantes, destruyeron cámaras y sustrajeron dinero, joyas, pasaportes y otros documentos. El denunciante afirmó que su familia lleva cuatro años y medio fuera de la propiedad, pese a los recursos legales promovidos ante distintas instituciones.
Otra víctima, Blanca Oropeza, acusó que dos particulares reclamaron terrenos de Insurgentes Sur mediante una escritura falsa y un deslinde que, según ella, no corresponde con la superficie asentada en los documentos originales. Adriana Montuy sostuvo que el Instituto de Vivienda retiró a los residentes la representación de San Juan 100 y entregó el control del trámite a organizaciones ajenas, después de que los vecinos solicitaron apoyo para regularizar el predio hace más de dos décadas.
A la lista se sumó Gloria Rosas García, quien narró que alrededor de 800 policías desalojaron a su familia de una propiedad en Xochimilco durante junio de 2019. La mujer indicó que el Tribunal de Justicia Administrativa reconoció el carácter privado del terreno en marzo de 2020, pero los recursos presentados por la alcaldía prolongaron el litigio. “Nos sacaron a golpes”, afirmó al recordar que el operativo ocurrió antes de que concluyera el procedimiento para acreditar la titularidad.
Sin presentar todavía una investigación que conecte cada expediente, el diputado federal Federico Döring explicó que el esquema puede comenzar con información entregada por ciudadanos durante jornadas notariales, solicitudes de expropiación o trámites ante el Instituto de Vivienda. A partir de esos datos, sostuvo, grupos interesados identifican casas intestadas, construcciones abandonadas o propietarios que viven fuera del país. Después aparecen documentos apócrifos, supuestas sucesiones, operaciones de compraventa y actuaciones judiciales iniciadas desde otras entidades.
El diputado federal reconoció que el PAN aún no posee una relación completa de fedatarios, jueces o funcionarios señalados. “No tengo la lista específica de cada caso”, admitió al responder por qué el partido no había revelado nombres. El vocero explicó que las identidades surgieron a partir de llamadas y testimonios recientes, por lo que la dirigencia deberá revisar coincidencias antes de formular acusaciones concretas.
También afirmó que varios señalamientos apuntan hacia notarías del Estado de México e Hidalgo, aunque no proporcionó denominaciones, números ni documentos que permitieran corroborar esa declaración.
Para los legisladores, otro mecanismo consiste en rotar al personal de las agencias cuando una indagatoria comienza a progresar. “Empieza a avanzar un asunto y le cambian al Ministerio Público”, denunció Álvarez. La modificación obliga a las personas afectadas a repetir antecedentes, entregar copias y reconstruir diligencias, mientras los años transcurren sin una decisión. El partido también recibió quejas sobre mediadores, trabajadores del Registro Público de la Propiedad y corporaciones policiacas.
Además del señalamiento político, el PAN anunció un paquete de reformas para el próximo periodo del Congreso capitalino. La propuesta incluye un protocolo único para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, criterios públicos que permitan reconocer un probable delito desde el primer contacto, capacitación especializada, preservación inmediata del inmueble y coordinación con alcaldías, oficinas registrales y Poder Judicial.
Mediante una segunda iniciativa, Acción Nacional buscará crear juzgados especializados y modificar el Código Civil. El bloque pretende presentar las reformas por la vía legislativa ordinaria y, de manera paralela, como proyecto ciudadano. Para esta última ruta necesita reunir más de 11 mil firmas, requisito que obligaría al Congreso local a discutir el planteamiento, incluso ante una eventual negativa de la mayoría parlamentaria.
Representantes panistas también solicitaron una reunión con la jefa de Gobierno para revisar los expedientes, establecer una mesa con capacidad resolutiva y evitar que la discusión quede reducida al enfrentamiento entre partidos. “La ciudad es muy grande y muy diversa como para creer que solamente existe una sola visión”, señaló Álvarez. La diputada reclamó que algunos afectados debían narrar hasta 30 veces los mismos antecedentes sin que la carpeta avance.
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LMCT
CDMX alista estrategia para prevenir y combatir el despojo de viviendas
