Después de indignación nacional y exigencias urgentes de justicia, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE Chiapas) informó que detuvo a cuatro personas por su presunta responsabilidad en el abuso de un menor de edad, en la comunidad de Los Naranjos, en Sabanilla, Chiapas.
Tras la conmoción colectiva provocada por la viralización de la agresión en redes sociales, la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena desplegó un operativo en la zona que culminó con la captura de todos los participantes.
Ahora, los detenidos (algunos de los cuales aparecen en el controversial video) serán procesados por las autoridades estatales, mientras el menor y su familia se encuentran a salvo.
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¿Quiénes son los cuatro detenidos por el abuso de un menor en Sabanilla?
De acuerdo con los informes de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena de Chiapas, los cuatro hombres detenidos desempeñaban roles específicos antes, durante y después del ataque:
- Aurelio “N” (Sometedor y dueño del predio): Propietario del terreno en la comunidad de Los Naranjos donde se cometió la agresión; en el video aparece vistiendo una camisa a cuadros mientras sujetaba físicamente al menor para impedir que escapara
- Octavio “N” (Agresor material): Señalado directamente como el autor material de la agresión sexual contra el niño indígena
- Gabino “N” (Camarógrafo y difusor): Identificado como el sujeto que grabó la agresión con su teléfono celular y posteriormente propagó el archivo en grupos de WhatsApp, lo cual desencadenó la viralización del video en redes sociales
- Fernando “N” (Vigilante / “Halcón”): Un cuarto individuo cuya captura se concretó de manera previa; la Fiscalía acreditó que realizaba labores de vigilancia para alertar a los agresores sobre el desplazamiento de patrullas y operativos policiales en Sabanilla, lo cual facilitó su intento de fuga
Los tres agresores directos serán procesados por el delito de pederastia y conductas derivadas de la producción y difusión de material de abuso infantil. De acuerdo con el marco legal vigente en Chiapas, la acumulación de estos delitos puede derivar en penas de hasta 50 años de prisión.
Por su parte, el menor de edad y su familia fueron puestos bajo resguardo de las autoridades en el municipio de Yajalón, donde recibe atención médica y acompañamiento psicológico especializado. La FGE reiteró su compromiso de que el caso no quedará impune.
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