Más de cien organizaciones y redes de la sociedad civil de México y Estados Unidos exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrir un diálogo sobre desapariciones, migración, violencia, despojo, desplazamiento forzado y justicia ambiental, a dos días de la inauguración del Mundial 2026.
Las organizaciones hicieron un llamado directo a la Presidenta para establecer compromisos en materia de justicia social, protección ambiental y respeto a los derechos humanos. Las convocantes señalaron que mantendrán pronunciamientos en México, Estados Unidos y Canadá durante la Copa Mundial, con el argumento de que el evento deportivo también coloca bajo observación internacional las omisiones frente a estos temas.
Activistas de Greenpeace México desplegaron una manta de 21 metros de largo a 60 metros de altura en la Estela de Luz, en Ciudad de México, como parte de una protesta para colocar esas demandas en la agenda pública. El mensaje dirigido al gobierno federal fue “Esto también está en juego. El mundo está viendo”.
PAN acusa intento de ocultar crisis de desapariciones durante el Mundial 2026
Las convocantes señalaron que el país enfrenta problemas sociales y ambientales que requieren atención prioritaria frente a los preparativos del torneo. Entre las agrupaciones participantes están Amnistía Internacional, Greenpeace México, Global Exchange, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Project Worldcup Spotlight, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, así como la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el T-MEC.
El pronunciamiento cuestionó los recursos destinados a la justa deportiva. De acuerdo con las organizaciones, el Gobierno de México anunció inversiones por hasta 2 mil millones de pesos para infraestructura de movilidad en las tres ciudades sede, además del despliegue de 100 mil agentes de seguridad pública y otros gastos estatales para preparar el evento.
Con más de 133 mil personas desaparecidas en el país, las agrupaciones pidieron garantizar el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos y brindar protección integral a mujeres buscadoras, quienes enfrentan riesgos, amenazas y agresiones durante esa labor.
Sobre movilidad humana, el bloque demandó detener las redadas del Instituto Nacional de Migración (INM) en México y de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. También solicitó medidas de inclusión para más de 190 mil personas mexicanas deportadas y cerca de 13 mil extranjeras enviadas al país entre 2025 y marzo de este año con estimaciones que llegan hasta 20 mil casos.
Respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las organizaciones afirmaron que la renegociación no debe beneficiar a corporaciones y grandes capitales, sino colocar al centro a las personas trabajadoras, la naturaleza, la agricultura y los derechos humanos.
También reclamaron atención a la discriminación, el racismo, la violencia y el desplazamiento forzado de comunidades afromexicanas e indígenas. En ese apartado incluyeron el caso de más de 2 mil personas desplazadas de Chilapa, Guerrero, en mayo, así como la criminalización y asesinato de defensores de derechos humanos.
Para la agenda ambiental, las agrupaciones pidieron una política pública que coloque la protección del medioambiente y las garantías fundamentales por encima de inversiones extractivistas en ecosistemas marinos y terrestres. En su posicionamiento advirtieron sobre la devastación de la selva maya y los océanos bajo un modelo de “desarrollo” centrado en ganancias corporativas.
Datos citados por las convocantes apuntan a un contexto de alto riesgo para activistas ambientales y defensores de la tierra. Según el comunicado, en 2025 murieron 10 personas dedicadas a esa labor y hubo 314 agresiones específicas, entre ellas difamación, estigmatización, intimidación y amenazas.
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