La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió a la gobernadora de Baja California responder “con claridad y transparencia” sobre los audios difundidos públicamente en los que presuntamente se hace referencia a gestiones relacionadas con la recuperación de su visa estadounidense y al uso de información derivada de las mesas de seguridad.
En conferencia de prensa, la legisladora del PAN sostuvo que la información que se comparte en las mesas de seguridad tiene un carácter estratégico y está destinada exclusivamente a proteger a la población y combatir a la delincuencia, por lo que no debe ponerse al servicio de intereses particulares.
“Los audios cuya autenticidad ha reconocido la propia gobernadora plantean dudas sobre una posible combinación entre sus gestiones personales ante autoridades estadounidenses y la información a la que tiene acceso por su responsabilidad pública”, señaló.
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Ante ello, López Rabadán solicitó que la mandataria estatal responda públicamente si las conversaciones fueron sostenidas con representantes de autoridades estadounidenses, si buscaba recuperar su visa o conocer la existencia de alguna investigación en su contra, las razones por las que le fue retirada la visa y si las autoridades mexicanas conocían esas gestiones.
“Por sanidad democrática y por respeto a quienes pagan impuestos, debe transparentarse todo asunto que involucre a servidores públicos y alcance una dimensión de interés nacional”, afirmó.
La diputada argumentó que el caso reviste especial relevancia porque se trata de la gobernadora de una entidad fronteriza con responsabilidades en materia de coordinación binacional y seguridad pública.
“No es lo mismo retirar la visa a un ciudadano que hacerlo a la gobernadora de un estado fronterizo”, indicó.
López Rabadán reconoció que la gobernadora tiene derecho a contratar abogados para realizar gestiones personales; sin embargo, consideró necesario aclarar por qué, según los audios difundidos, recurrió a un abogado especializado en investigaciones penales, delitos financieros, corrupción y lavado de dinero.
La legisladora se refirió al abogado Michael Nadler, exfiscal federal en Miami, cuya especialidad, dijo, no implica por sí misma la existencia de un delito, pero sí amerita una explicación sobre los motivos de su contratación, el origen de los recursos con los que se cubren sus honorarios y si dichas gestiones se realizaron exclusivamente con recursos privados.
“El problema surge cuando dentro de esa gestión personal se habla de información proveniente de las mesas de seguridad, de posibles escenarios legales y de contactos con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses”, expresó.
Asimismo, recordó que Baja California continúa enfrentando problemas de violencia y señaló que, aunque las autoridades reportan una disminución en los homicidios, la entidad concentró el 7.3 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país durante 2025.
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