Tener o no tener visa para ingresar a los Estados Unidos no será un factor determinante para obtener o no una candidatura en México, pero las pruebas que eventualmente aporte el gobierno estadounidense sobre posibles actividades delictivas sí podrán ser consideradas por las autoridades mexicanas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Si tiene visa o no tiene visa, no tiene nada que ver con la elección. Es un asunto del gobierno de Estados Unidos en sus atribuciones para dar visa a una persona”, sostuvo la mandataria.
Sin embargo, estableció una diferencia en caso de que las autoridades estadounidenses proporcionen elementos relacionados con posibles actividades criminales de alguna persona que aspire a una candidatura.
“En caso de que muestre alguna prueba que tengan que ver con un asunto delincuencial, pues lo tomarán en cuenta las instituciones mexicanas de acuerdo con nuestra legislación”, puntualizó.
La declaración se da en el contexto de la construcción de una metodología interinstitucional para identificar posibles riesgos de vinculación de candidatos con grupos criminales de cara a las elecciones de 2027.
Así será el mecanismo para identificar “riesgo razonable” en candidaturas
Durante la Conferencia del Pueblo del 28 de agosto, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó cómo funcionará este mecanismo, por el cual se podrán identificar posibles riesgos en candidaturas.
Detalló que, en el mismo, participan la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y áreas de inteligencia, entre otras instituciones, con el Instituto Nacional Electoral.
“Estamos manteniendo mesas de coordinación de todas las instituciones de seguridad [...] y todos trabajando en una metodología”, informó Alcalde.
El procedimiento, previsto en la legislación electoral, permitirá que los partidos políticos presenten de manera voluntaria al Instituto Nacional Electoral (INE) un listado de sus posibles candidatos. El organismo electoral remitirá la información a las instituciones correspondientes para que realicen un análisis de riesgo.
La revisión no determinará si un candidato es culpable de algún delito. Su objetivo será establecer, exclusivamente a partir de la información disponible, si existe un “riesgo razonable”.
Cada dependencia aportará elementos de acuerdo con sus atribuciones. Las fiscalías podrán proporcionar información relacionada con carpetas de investigación, mientras que otras instituciones podrán aportar datos financieros, bancarios o de inteligencia.
“Cada una de las dependencias en su materia específica puede arrojar información que le permita al partido político tomar una determinación”, explicó Alcalde Luján.
Una vez realizado el análisis, la información será entregada al INE y a los partidos políticos, que serán quienes valoren los elementos y determinen qué hacer respecto de sus posibles candidaturas.
“La carpeta, los datos, únicamente a partir de esa información se concluye si hay un riesgo razonable, y esa es la información que a su vez recibe el INE y reciben los partidos políticos”, detalló.
El objetivo es que esta metodología quede lista para que los partidos puedan comenzar a utilizarla durante sus procesos de selección de candidatos.
Luisa María Alcalde señaló que el INE ya conformó la comisión mandatada por la ley y deberá informar las fechas a partir de las cuales podrán comenzar a solicitarse los análisis.
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