Luego de una semana en la que el los transportistas se han manifestado, en la Cámara de Diputados presentan iniciativa para evitar pago de grúas y corralones a quienes sean víctimas de robo de vehículo de carga, con lo que buscan medidas de protección y reparación del daño.
La diputada federal del PRI, Leticia Barrera Maldonado, presentó una iniciativa para evitar que los transportistas víctimas del robo de vehículos de carga tengan que pagar los servicios de arrastre, salvamento y depósito en corralones cuando sus unidades sean recuperadas por las autoridades.
La propuesta busca reformar el artículo 55 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de establecer que estos cobros no puedan trasladarse al propietario o legítimo poseedor de un vehículo con reporte de robo que acredite sus derechos sobre la unidad.
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Buscan apoyar a víctimas de robo
La diputada argumentó que actualmente la legislación no contempla la exención de estos pagos para las víctimas de este delito, lo que representa una doble afectación económica.
Primero, por la pérdida de ingresos mientras el vehículo permanece fuera de operación y, posteriormente, por los gastos derivados de las maniobras de arrastre y el resguardo de la unidad.
“La recuperación de un vehículo robado debe representar para la víctima la restitución de su patrimonio y el restablecimiento de su actividad productiva, no el inicio de una nueva carga económica”, sostuvo.
Barrera Maldonado advirtió que el robo al autotransporte de carga representa un problema de seguridad y un impacto económico para el sector.
De acuerdo con las cifras parlamentarias que citó, durante 2025 se registraron más de 16 mil incidentes de robo en los fueros común y federal, con pérdidas anuales superiores a los siete mil millones de pesos.
Además, señaló que el 82 por ciento de estos delitos se cometen con extrema violencia, lo que pone en riesgo la vida y la integridad física de los operadores de transporte.
La también presidenta de la Confederación Nacional Campesina (CNC) consideró que el Estado debe garantizar medidas de protección y reparación integral para quienes enfrentan este tipo de delitos, en concordancia con la Ley General de Víctimas y el artículo 20 de la Constitución.
La priista aclaró que su iniciativa no pretende eliminar los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, ni modificar el régimen tarifario o interferir en las investigaciones penales, sino impedir que los costos administrativos derivados de la recuperación de una unidad robada sean trasladados a quienes ya fueron afectados por la delincuencia.
“La medida no busca eliminar los servicios auxiliares de arrastre ni interferir con el régimen tarifario o investigaciones penales, sino establecer una regla clara y de justicia social: quien fue víctima de robo no debe pagar por las consecuencias administrativas derivadas del rescate de su patrimonio”, concluyó.
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