La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que en la investigación por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) está trabajando con “informantes”, es decir, terceras personas que han proporcionado evidencia, documentos, información financiera y otros datos de utilidad.
A través de una tarjeta informativa, la ASF destacó que es la primera vez que recurre a este método de investigación, mediante personas que, aclaró, conoce cómo habrían operado las irregularidades en contratos del órgano electoral.
Documentos, mensajes de WhatsApp, fotografías… entre lo proporcionado a la ASF
En la misma tarjeta informativa, la ASF destacó que, entre los datos que le han proporcionado los “informantes” se encuentran:
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- Testimonios
- Documentos
- Fotografías
- Videos
- Información financiera
- Domicilios
- Mensajes de WhatsApp
- Nombres y alias de personas presuntamente involucradas
La ASF destacó que, gracias a estos documentos, ha logrado obtener indicios que sostendrían las acusaciones de irregularidades denunciadas en el INE.
“Las investigaciones han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses”, se lee en la tarjeta informativa de la ASF.
Finalmente, la ASF destacó que continuará con las investigaciones por este caso, con el fin de “identificar a más involucrados, rastrear el destino de los recursos y que se impongan las sanciones correspondientes”.
Investigación al INE se amplía hasta 25 años
En días pasados, la ASF informó que, en seguimiento a la investigación que mantiene a las irregularidades denunciadas en el INE, realizará un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025. Es decir, la indagatoria no se centrará en las más recientes administraciones, sino en los últimos 25 años.
El objetivo, detalló, es identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales de grupos empresariales o servidores públicos.
La investigación también alcanzará al antecesor del INE, el Instituto Federal Electoral (IFE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
En torno a la más reciente controversia, hasta finales de octubre la ASF encontró que dos grupos empresariales acumularon contratos por casi nueve mil millones de pesos entre 2014 y 2016.
Aunque representantes de las diversas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión han exigido sanción para Guadalupe Taddei, entre ellas la cárcel, se ha aclarado que solo hasta que la ASF concluya su investigación la Fiscalía General de la República (FGR) determinará si procede o no.
Con información de Claudia Arellano y Tania Gómez.
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