Concamin ve discriminación a la IP en periodo para acatar reforma al outsourcing

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) consideró como un acto discriminatorio que las empresas tengan que cumplir con las disposiciones de la reforma al outsourcing este mismo año; mientras que el Gobierno tiene hasta 2022.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de Concamin, Fernando Yllanes, indicó que la reforma al outsourcing prohíbe la subcontratación de personal y esto obliga a cambiar esquemas de operación, fabricación y funcionamiento de los negocios, así como de la contratación de los trabajadores.

Subrayó que, en México, la gran mayoría de las empresas son micro, pequeñas y medianas (Pymes) y, de acuerdo con un informe de Forbes, se identifica que 22 por ciento de éstas requieren de ayuda para procesos de transformación digital.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 86 por ciento de estas empresas se vieron afectadas con motivo de la pandemia.

Por ello, si bien las empresas que cuentan con la capacidad económica, digital y apoyo de consultores legales y fiscales han realizado todo lo que se requiere para cumplir con la Ley, no todos lo han hecho, por las dificultades que enfrenta la nueva plataforma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como de autoridades laborales, fiscales y de Seguridad Social.

“Existen otras consideraciones jurídicas, como es el hecho de que al gobierno en su calidad de patrón se le dio un plazo que vence a finales de este año, entrando en vigor en 2022, lo que pone en una situación de desventaja al sector privado. Significa una actitud discriminatoria que finalmente afectaría los derechos humanos de los empleadores y de los trabajadores”, dijo el integrante de Concamin.

Fernando Yllanes ahondó en que es necesario entender que si una empresa no puede prestar servicios a sus clientes por falta de cumplimiento de la ley, seguramente no podrá continuar con sus actividades, sostener el empleo o pagar a sus trabajadores.

“Por estas razones es que se requiere contar con un plazo razonable y adicionalmente con políticas públicas adecuadas que brinden apoyos a quienes no están en condiciones de entender el alcance de la ley o de cumplir con las condiciones que establece”, manifestó.

Este viernes la Cámara de Diputados discutirá la ampliación de un mes para la entrada en vigor de las disposiciones que contempla la reforma al outsourcing, que fue aprobada en abril pasado y que iniciarían el próximo 1 de agosto. 

En la discusión para ampliar el periodo de uno o cinco meses, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público descartaron la posibilidad de que la reforma al outsourcing entrará en vigor para el empresariado y el Gobierno el 1 de enero de 2022.

ANR