El senador del PAN, Mario Vázquez Robles, cuestionó la actuación de gobernantes presuntamente vinculados con grupos criminales y sostuvo que cualquier funcionario que haya entregado el control de un estado al crimen organizado debe ser investigado, procesado y encarcelado.
Sus declaraciones se dieron en el contexto de las recientes advertencias de la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, quien afirmó que su gobierno mantendrá acciones contra funcionarios mexicanos que presuntamente protejan a los cárteles del narcotráfico.
“Apuntando incluso a los que están en el gobierno y que se han vendido a los cárteles, que lo han hecho más fácil para ellos operar”, señaló Carter al referirse a la estrategia estadounidense contra las redes de protección política del narcotráfico.
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Al ser cuestionado sobre estas declaraciones, Vázquez aseguró que la preocupación expresada por autoridades estadounidenses coincide con el sentir de la población mexicana frente a la inseguridad.
“Me parece increíble que coincidan las posiciones y los posicionamientos de las autoridades de los Estados Unidos con la preocupación de los ciudadanos mexicanos. Los ciudadanos mexicanos no estamos contentos con lo que pasa en el país”, declaró.
El legislador afirmó que corresponde al Estado mexicano investigar y sancionar a quienes utilicen el poder político para favorecer actividades criminales.
“Es obligación del Estado mexicano investigar, resolver y sancionar a quien utiliza la política como mecanismo de represión en contra de la población cuando se fundan con el crimen organizado”, expresó.
Asimismo, consideró que la delincuencia organizada debe combatirse mediante la colaboración entre naciones, debido a que sus operaciones trascienden fronteras y afectan tanto a México como a Estados Unidos.
“Nadie quiere que venga Estados Unidos a hacer la tarea al gobierno mexicano, pero ahí están diciendo: si el gobierno mexicano no la hace, ahí vamos”, advirtió.
Vázquez también lanzó cuestionamientos hacia mandatarios y exfuncionarios señalados por presuntos nexos con organizaciones criminales, al señalar que la justicia debe aplicarse sin distinción partidista.
“Independientemente de qué partido gobierne, el gobernante que está vinculado y que ha entregado la soberanía en el estado al crimen organizado debe ser perseguido, llevado ante la justicia y encarcelado”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la exigencia de rendición de cuentas debe alcanzar a todos los actores políticos involucrados en posibles actos de protección al crimen organizado, pues consideró que la impunidad ha contribuido al deterioro de la seguridad pública en distintas regiones del país.
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