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De suma cero. Todos pierden. Nadie gana. En el enredo catalán la acumulación de agravios, la confrontación de intolerancias y sobre todo el abandono de la política han conducido a la peor crisis de la España democrática y a uno de los episodios más aciagos en el escenario contemporáneo. Detrás de todo ello se encuentra un nacionalismo a rajatabla en cuya reivindicación se entremezclan viejos rencores culturales, aventurerismos de larga data y demagogias siempre vigentes.

El nacionalismo ha sido pretexto para los excesos más delirantes. Por lo general está teñido de irracionalidad y arbitrariedad porque se sustenta en la defensa apasionada de un principio excluyente y antidemocrático: la creencia de que a las personas las define antes que nada el sitio donde nacieron y no las relaciones sociales que han decidido entablar junto con la decisión, a partir de la identidad así creada, de que les resulta indispensable tener un Estado propio.

El nacionalismo se encuentra siempre en los linderos del atropello. Cuando se esgrime la oriundez como fuente de derechos se excluye de ellos a quienes no han nacido allí. Todo derecho es un privilegio delante de aquel que no lo tiene. Cuando las prerrogativas derivadas de la condición nacional se quieren alcanzar o evitar por la fuerza, el nacionalismo suele derivar en fundamentalismo. La violencia así desatada por lo general se convierte en una espiral incontrolable.

Ocasionalmente hay expresiones nacionalistas que les permiten a las sociedades cohesionarse ante amenazas externas. La resistencia francesa contra la ocupación nazi o, en un caso diferentísimo, el nacionalismo mexicano ante los amagos del gobierno de Estados Unidos, son manifestaciones de ese nacionalismo inevitable. Sin embargo en todos los casos el nacionalismo implica, en última instancia, retracción y aislamiento. En el mundo contemporáneo con migraciones masivas, comunicaciones instantáneas, desplazamiento instantáneo de capitales y cultura globalizada, las identidades nacionales, sin desaparecer, se encuentran en un contexto que las delimita y amaina.

El nacionalismo implica una cultura común y un sentido de pertenencia a ella. Ambos rasgos, hoy en día, suelen entremezclarse con culturas y afinidades versátiles y múltiples. En rigor sería más preciso hablar de nacionalismos, en plural, atendiendo a sus peculiares historias. Pero en todo caso la reivindicación a ultranza del nacionalismo deviene en chovinismo, es decir la exaltación desmesurada de lo nacional como explica el diccionario. Cuando el chovinismo se reduce a la alabanza enardecida de nuestra selección de futbol corremos el riesgo de autoengañarnos y nada más. Pero cuando propicia enfrentamientos irreductibles con aquellos cuyos valores no compartimos, el chovinismo puede llevar al desvarío.

Ruta de colisión

El nacionalismo catalán tiene una extensa historia en la que, a riesgo de simplificar un asunto en extremo complejo, no nos detenemos. Baste decir que, para muchos, la causa nacional implica romper con España y que esa convicción independentista ha sido móvil esencial del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que llegó a ese cargo a comienzos de 2016. El 7 de septiembre pasado el Parlament catalán aprobó la realización del referéndum el primer día de octubre. Esa disposición fue formalmente suspendida diez días más tarde por el Tribunal Constitucional.

Los referéndums en España, según la Constitución, sólo pueden ser convocados por las Cortes (el congreso nacional) y por el gobierno. El del primero de octubre fue convocado por la Generalitat catalana sin tomar en cuenta las opiniones de los partidos que se oponían al referéndum. Declarado ilegal, el referéndum cobró más fuerza porque era evidente que irritaba al gobierno central. La improvisación con la que fue preparado, sus deficiencias organizativas y sobre todo su ilegalidad porque no tenía asidero en el orden jurídico español, fueron soslayados por los independentistas. El gobierno de España descalificó al referéndum con la Constitución en la mano. Los catalanes partidarios de la ruptura lo respaldaron convencidos de que los sentimientos (y las convicciones, y la patria, y la ira fermentada por largo tiempo) tenían más legitimidad que cualquier ley.

“En todo referéndum los votos que cuentan son los de quienes van a las urnas. Si el referéndum del 1-O hubiera sido legal, hoy no habría duda de que Cataluña estaba fuera de España.”

A la terquedad de unos, la cerrazón de otros. Celebrar o no el referéndum se convirtió, literalmente, en prueba de fuerza. El apasionamiento en torno a ese tema, junto con el empecinamiento y la discutible fama pública de los gobernantes catalanes, condujeron a muchos españoles a repudiar esas votaciones. Inclusive personajes reconocidos por su mesura exhortaron al gobierno español, que encabeza Mariano Rajoy, a emplear la violencia que fuese necesaria para que en el 1-O, como se identificó a la fecha del referéndum, no se instalaran las urnas.

“No es preciso ser especialistas en Derecho Constitucional o en Historia Contemporánea para saber que no hay democracia sin sujeción a la ley y que los nacionalismos del siglo XX llevaron al mundo a dos guerras apocalípticas y hundieron a Europa en la barbarie”, dijeron varios centenares de profesores universitarios, encabezados por Fernando Savater, en un manifiesto a mediados de septiembre. Exigieron al gobierno que hiciera “uso de la fuerza legítima que al Estado le corresponde en exclusiva, de tal manera que las resoluciones judiciales no caigan en el vacío con el consiguiente daño para el Estado de Derecho”.

Rajoy no necesitaba que le apremiaran mucho para responder con brutalidad al referéndum. Aquello de la gasolina al fuego, que es tan trillado e ineficaz, fue el guión que el gobierno español siguió al pie de la letra. Primero encarcelaron a varios de los organizadores y procuraron desarticular los preparativos para la votación del 1-O. Ese día, como los Mossos d’Esquadra, el cuerpo de policía de Cataluña, no acataron la instrucción judicial para impedir el acceso a los centros de votación, Rajoy envió a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. No pudieron evitar las votaciones porque la participación fue masiva y convencida pero en el intento dejaron más de ochocientos heridos.

La saña de los policías se confrontó con la convicción de centenares de miles de catalanes que formaron cadenas, pusieron barricadas y defendieron los 2 mil 315 centros de votación. Al final de esa triste jornada Rajoy se justificó: “Hemos hecho lo que había que hacer”. Pero la violencia contra los ciudadanos recorrió las redes digitales e indignó en todo el mundo. Policías golpeando incluso a mujeres y viejos, rostros ensangrentados, testimonios de personas agredidas tan sólo porque quisieron participar en una votación, fueron la comidilla global.

El independentismo alcanzó entonces la fama trágica pero políticamente eficaz de movimiento perseguido. La intolerancia y la obcecación de Rajoy, apuntalado por las exigencias para impedir la votación por cualquier forma, hizo de los separatistas catalanes las víctimas de una política represora y por eso moralmente despreciable. Los excesos ideológicos y el fanatismo nacionalista del separatismo catalán quedaron soslayados gracias a la torpeza del presidente del gobierno español.

La épica independentista

Foto: AP

Según la Generalitat, el 1-O fueron a votar, en números redondos, 2 millones 262 mil ciudadanos. De ellos 2 millones 20 mil lo hicieron a favor de la independencia. En el padrón electoral había 5 millones 343 mil personas. Es decir, si se toman en cuenta votos y votantes, se puede decir que el referéndum mostró que el 89 por ciento de quienes fueron a las urnas a pesar de prohibiciones y amenazas sufragaron por la autonomía.

También puede considerarse que la ruptura con España solamente fue respaldada por el 38 por ciento de los votantes posibles. Claro que las decisiones de esa índole no se toman así. En cualquier elección de gobernantes y en todo referéndum los votos que cuentan son los de quienes van a las urnas. Si el referéndum del 1-O hubiera sido legal, hoy no habría duda de que Cataluña estaba fuera de España. Pero no hay que olvidar que, de haber estado respaldado en la institucionalidad española, hubieran acudido muchos de los catalanes que se oponen a la autonomía.

Dos millones de personas convencidas de que tienen que romper con el país del que han formado parte no son para menospreciarlas. El independentismo catalán se nutre de añejos reproches pero, sobre todo, de una constante y creciente incomodidad. Esos catalanes están convencidos de que España los despoja, en buena medida porque en esa comunidad autónoma se desarrolló el polo industrial más importante de ese país.

En realidad, las transferencias financieras al resto de España no son especialmente desproporcionadas. En Cataluña vive el 16 por ciento de los españoles (7 millones y medio de personas) y en esa región se genera el 19 por ciento del Producto Interno Bruto de toda España. El disgusto de los independentistas ha sido acicateado por la crisis económica que agobia a todos los españoles pero sus causas hay que encontrarlas sobre todo en la política y la ideología. Igual que en el resto de España, en Cataluña han sido encausados judicialmente varios destacados personajes políticos, acusados de corrupción. El escándalo más notorio surgió cuando a Jordi Pujol, que fue presidente de la Generalitat de Catalunya durante casi un cuarto de siglo y que es uno de los patriarcas más emblemáticos del nacionalismo catalán, se le encontraron cuentas bancarias en paraísos fiscales.

“Varias empresas avecinadas en esa comunidad anunciaron que se mudarían a otros sitios de España. La Unión Europea reiteró que, de escindirse, Cataluña no podría formar parte de ella.”

El independentismo ha sido la causa que articula el disgusto y la desconfianza de muchos catalanes y, también, es el parapeto de una variopinta coalición antisistémica que aprovecha el sentimiento nacionalista para enfrentar al gobierno español. El politólogo mexicano Adrián Acosta lo explica así:

La épica independentista se funda en una retórica incendiaria, apasionada, que es, o pretende ser, a la vez ética, cultural, moral y política. Detrás de ellos coexisten una constelación de discursos específicos, que van del anarquismo antisistema al nacionalismo, del populismo al antineoliberalismo, de la crítica a la democracia representativa a las virtudes del asambleísmo”. (Nexos en línea, 13 de septiembre).

Constitución vs. Nación

La lógica, por decirle de alguna manera, del todo o nada, reforzó las intolerancias mutuas después del 1-O. El Rey Felipe VI tomó partido por la solución al estilo Rajoy cuando dijo el martes 3: “Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional”. Los discursos del Rey y Rajoy no dicen tanto por lo que mencionan como por lo que soslayan. Nadie puede estar en contra de la reivindicación de la ley. Nadie, con talante democrático, querría violentar las reglas constitucionales que han sido la clave de una transición política tan paradigmática como la que ocurrió en España tras la muerte de Franco, hace más de cuatro décadas.

Pero junto a las consideraciones jurídicas, es un hecho que un segmento muy numeroso entre los catalanes prefiere la escisión. En uno de los pocos textos conciliadores que se conocieron en la prensa de Madrid después del referéndum el ex dirigente socialista Alfredo Pérez Ruvalcaba explicaba, con sensatez:

Sucede que, ante la propuesta de independencia de Cataluña —que es lo que, ya sin tapujos, defiende el soberanismo catalán, y que en estos momentos tiene un atractivo innegable para mucha gente— no bastan las clases de Derecho Político que con frecuencia oigo a muchos dirigentes políticos… con ello no basta para contrarrestar un proyecto político, el independentismo, que, nos guste o no —y a mí no me gusta nada— ofrece una respuesta, tan universal como falaz, a casi todas las inquietudes que se han instalado entre buena parte de los catalanes. (El País, miércoles 4 de octubre).

Ante ese proyecto —añade Pérez Ruvalcaba— se requiere “un nuevo pacto de convivencia”. Pero desde el flanco más ortodoxo de la política española, hay quienes consideran que el referéndum fue un golpe de Estado. Josep Piqué, ex ministro del Partido Popular, escribió que era necesario “restablecer la legalidad. Y eso significa cumplir y hacer cumplir la Constitución”. (El País, 5 de octubre).

Una semana después del referéndum, centenares de miles de catalanes que no comparten la propuesta de secesión se manifestaron en Barcelona. Desde diversos flancos de la vida pública, surgieron voces que exhortaron a dialogar. Josep Borrell, socialista y ex presidente del Parlamento Europeo, hizo en esa concentración “un llamamiento a la sensatez, al respeto de la pluralidad, a la convivencia”. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consideró que el referéndum no basta para declarar la independencia:

Hay que abandonar las trincheras, el lenguaje belicista… No es momento para el choque de trenes. Es el momento del diálogo y de imaginar nuevos caminos.

El martes 10 de octubre, los parlamentarios catalanes que proponen la separación firmaron una declaración de independencia (“Cataluña restaura su plena soberanía”), pero Puigdemont propuso que los efectos de esa decisión quedasen suspendidos por dos semanas para emprender el diálogo con otras fuerzas políticas y con el gobierno español. El miércoles 11 Rajoy anunció que si el gobierno catalán no cancelaba la declaración de independencia utilizaría las atribuciones que le otorga el artículo 155 de la Constitución para solicitar al Senado “las medidas necesarias para obligar” a Cataluña a cumplir los deberes que le impone la propia Constitución.

Cataluña comenzaba a experimentar las desventajas de una ruptura. Varias empresas avecindadas en esa comunidad anunciaron que se mudarían a otros sitios de España. La Unión Europea reiteró que, de escindirse, Cataluña no podría formar parte de ella. El euro no podría circular de manera legal. Las consecuencias de otros cismas, como el Brexit que llevó a la Gran Bretaña a romper con la alianza europea, han sido muy recordadas para subrayar el aislamiento jurídico y económico que afectaría a los catalanes.

Polarización mediática y en línea

Foto: AP

La animosidad de los independentistas y el rechazo a su causa han sido reflejados, pero también aguijoneados, por los medios locales y nacionales. En la cobertura del 1-O fue contrastante la promoción del referéndum que hicieron la radio y la televisión públicas de Cataluña (manejadas por el gobierno local) a diferencia del silencio sobre ese asunto en Televisión Española, controlada por el gobierno de Rajoy.

Dos invitados frecuentes a TV3 y Catalunya Radio, Joan López Alegre y Nacho Martín Blanco, decidieron no acudir más a ellas porque encontraron que su presencia en esos espacios “sólo sirve como coartada para demostrar su supuesta pluralidad”. De acuerdo con esos periodistas.

La convivencia en Cataluña, si se quiere tranquila, se levanta hoy sobre la resignada asunción por muchos catalanes no nacionalistas del ofensivo decálogo nacionalista, basado en el desprecio a España y a los españoles pero sobre todo a los catalanes que nos sentimos españoles. (El País, 10 de octubre).

En el otro flanco, el día del referéndum la represión a los ciudadanos interesados en votar y las protestas en todo Cataluña fueron ignorados en la principal cadena de la televisión española. Esa omisión fue tan intencional y notoria que los trabajadores de los noticieros de Televisión Española, TVE, a través de su Consejo de Información, declararon que la emisora “hizo dejación de sus obligaciones y dejó en el ámbito de otras televisiones la responsabilidad de informar a los ciudadanos”.

La escisión de opiniones y la exaltación de los ánimos a propósito de la cuestión catalana involucraron incluso al futbolista Gerard Piqué, del Club Barcelona, que el 28 de septiembre exhortó en Twitter a participar de manera pacífica en la consulta. Las convicciones de ese hábil defensa central desataron la ira de miles de aficionados que exigieron su expulsión de la selección española: “Si no se siente español ¿por qué cojones juega para España?”, “no quiero mercenarios independentistas en mi selección” fueron algunos comentarios en el sitio Change.org.

El enfrentamiento catalán también se expresó en internet con implicaciones muy peculiares. En acatamiento a las órdenes judiciales contra el referéndum, la Guardia Civil clausuró los sitios web en donde se mencionaban los domicilios de los centros de votación. Entonces los organizadores de la consulta contrataron servidores ubicados en otros países europeos. El 28 de septiembre, en su nota principal (“Hackers rusos ayudan a tener activa la web del referéndum”), El País dio a conocer el empleo de servidores radicados en el Reino Unido y Luxemburgo. Sin embargo no mostró evidencias de que hubiera conexiones en Rusia con los datos del referéndum. Contra esa versión del periódico madrileño, circularon otras que aseguran que quienes replicaron y alojaron en servidores de diversos sitios del mundo los datos de los centros de votación fueron expertos informáticos que viven en España (El Confidencial, 28 de septiembre).

“Desde los tiempos del franquismo los españoles no habían estado tan divididos. Al fundamentalismo de unos, se contrapone la incomprensión e incluso la intolerancia de otros.”

En la nota a la que remitió su encabezado de primera plana, El País aseguró que la policía española había citado a declarar a quince “piratas informáticos”, entre los que se encontraba el joven valenciano Daniel Morales. El blog de ese internauta, “Hoy to Protect my Server”, es mencionado como ejemplo de transgresiones y engaños informáticos. Incluso se dice que allí hay “contenidos a favor de Rusia y Vladimir Putin”. En el blog de Morales hay referencias a Putin, en efecto, pero señalándolo como asesino de sus opositores políticos y se recuerdan las acusaciones acerca de la intervención de hackers rusos en la campaña electoral estadounidense.

Al impedir la promoción en línea del referéndum, el gobierno español lo único que consiguió fue movilizar las simpatías de internautas dentro y fuera de ese país. Por cada sitio web que clausuraba la Guardia Civil, surgieron varios más. Esa censura anticipó la persecución que padecerían los votantes el día del referéndum y contribuyó a intensificar la imagen de un independentismo perseguido por una autoridad atrabiliaria. La Electronic Frontiers Foundation, una de las organizaciones más acreditadas en la defensa de libertades en línea, publicó un texto en donde menciona las garantías a la libertad de expresión que establecen varios ordenamientos internacionales y se asegura que

La censura en línea ejercida por el gobierno español durante el lapso del referéndum catalán es tan salvajemente desproporcionada y excesiva que la violación de esos instrumentos resulta casi fuera de discusión.

El glamour independentista

Foto: AP

La polarización en Cataluña se germinó y extendió durante décadas. Años y años de inconformidad sorda y luego abierta contra la hegemonía que los catalanes más autárquicos identificaban en el resto de España, se acumularon sin que nadie hiciera algo sensato para atajar esa ruptura. El reconocimiento de que ese nacionalismo implica pérdidas para todos y sólo peregrinas ventajas, el carácter absurdo del aislamiento especialmente en estos tiempos de globalización y enlaces instantáneos y sobre todo el carácter conservador que siempre tienen el retraimiento y el consiguiente rechazo a los otros, han pesado menos que el glamour identitario.

Dentro y fuera de España, inclusive, el nacionalismo catalán adquirió una connotación progresista. La rebeldía cultural, Dalí y Miró, Casals y Serrat y desde luego el Barsa, fueron vistos no solamente como expresiones de una sociedad vigorosa y culta sino, sobre todo, como señales de una identidad tan vehemente que no era compatible con otra. Por motivos ideológicos se soslayó que Miró coexiste sin problemas con Picasso, Joan Manuel Serrat con Joaquín Sabina y el pa amb tomàquet (pan con tomate) con las croquetas españolas (el Barsa y el Real Madrid sí son antitéticos pero esa es parte de la diversión del futbol que sólo funciona cuando no hace corto circuito con la política).

El nacionalismo catalán, como hemos recordado, tiene larga y compleja historia. Pero el arrebato reciente reventó con la convocatoria de Puigdemont y socios. Desde los tiempos del franquismo los españoles no habían estado tan divididos. Al fundamentalismo de unos, se contrapone la incomprensión e incluso la intolerancia de otros. A las exigencias maximalistas de quienes han querido la autonomía a toda costa, se ha opuesto el rechazo sin matices ni opciones que está arraigado no sólo en la derecha, sino incluso en importantes zonas de la política y de la vida intelectual en España.

Unos y otros, partidarios y opositores de la autonomía, construyeron un callejón sin escapatorias. El aborrecimiento mutuo ha sido tal que Antonio Muñoz Molina, escritor brillante y siempre temperado, publicó un texto instalado en la emergencia en donde deploró y alertó:

Estamos a merced de la estupidez, del fanatismo, de la ceguera, del desbordamiento del odio, de las consecuencias imprevisibles y casi siempre desastrosas de la frivolidad, la tontería, del fervor de las ebriedades colectivas. Un puro golpe de azar, alguien que pierda el control, un accidente, puede desatar el incendio en un ambiente que se parece a lo que los químicos llaman, sin metáfora alguna, una atmósfera explosiva… (El País, 7 de octubre).

Dicen que Albert Einstein calificó al nacionalismo como “el sarampión de la humanidad”. De esa manera quería subrayar el carácter infantil de tal síndrome. El nacionalismo, con su carga de terquedad y pataleta, tiene mucho de infantil igual que el rechazo intemperante a quienes lo practican. El sarampión, en ocasiones, puede ser mortal pero sus efectos se pueden atemperar con una vacuna a tiempo. La vacuna para el nacionalismo exacerbado se compone de diálogo y política. Ojalá haya tiempo.

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