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El precandidato del PRI, ayer, en recorrido por el mercado del Olivar. Foto: Especial

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez, señaló que temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la interrupción del embarazo ya están plasmados en la Constitución local, por lo que no se pueden llevar a una consulta pública.

“La opinión de la Comisión es una opinión respaldada en lo que dice la Constitución, en lo que dice la Constitución de la Ciudad de México, y por lo tanto la posición desde derechos humanos es que los derechos humanos no pueden pasar por consultas públicas”, expresó.

Ramírez opinó que se debe ser cuidadoso al abordar esos temas y no tomarlos como “banderas, menos cuando ya no están en el debate, sino que son parte de los derechos a los ciudadanos”.

Tras reiterar que no se puede llevar a consulta pública lo que es un derecho y está en la Constitución local, sostuvo que se tiene que trabajar en una agenda basada en los derechos humanos.

En el mismo sentido se manifestó el consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno capitalino, Vicente Lopantzi, quien aseguró que en la ciudad los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) están garantizados.

El funcionario puntualizó que las políticas de izquierda que reconocen los derechos de todas las personas consolidaron a la capital como una “Ciudad Gay Friendly”.

En un comunicado, destacó que los derechos LGBTTTI se consagraron en la Constitución local, en particular en su artículo 11, que reconoce la igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de este colectivo, con o sin hijos, bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil.

“Tenemos jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que reconoce estos derechos, además tuvimos los debates de la Constituyente donde todos los partidos abordaron temas como el matrimonio, la adopción de hijos sin importar la orientación sexual y la interrupción legal del embarazo”, refirió.

El texto constitucional, dijo, obliga a las autoridades a establecer políticas públicas y a adoptar medidas de atención y erradicación de conductas de exclusión o discriminación por orientación y preferencia sexual, identidad y expresión de género o características sexuales.

“Para nosotros es fundamental defender el Catálogo de Derechos de la Constitución, porque en la metrópoli no debe existir espacio para la homofobia y la discriminación, en la Ciudad de los Derechos y las Libertades deben imperar los derechos y estos no deben estar sometidos a un momento político ni a prejuicio alguno”, subrayó.

En la capital suman nueve mil 681 matrimonios igualitarios de 2009 a la fecha, desde 2013 17 parejas han adoptado niños (9 de hombres y 8 de mujeres) y dos mil 959 personas han solicitado cambio de identidad de género o reasignación sexogenérica en el acta de nacimiento.