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Voluntarios ecuatorianos ayudaron, el pasado jueves, a venezolanos a subir al transporte gratuito por el corredor humanitaria en la ciudad fronteriza de Huaquillas. Foto: Especial
Voluntarios ecuatorianos ayudaron, el pasado jueves, a venezolanos a subir al transporte gratuito por el corredor humanitaria en la ciudad fronteriza de Huaquillas. Foto: Especial

Las conversaciones en Venezuela se centran en la nueva moneda, los precios y la duda de si habrá estabilidad laboral. Todos ellos, vinculados transversalmente por el otro gran asunto: la emigración, el hasta aquí, el “la única salida es la frontera”.

Es sábado por la mañana y en una cafetería de barrio, en Caracas, los pocos comensales intercambian incertidumbre. Francisco, el encargado de servir el café, escucha a los demás. Todos hablan sobre cómo recalcular los precios, los métodos para descontar cinco ceros al dinero, el cálculo atento de qué precios no han dejado de subir. Pero él está pensando en lo que pasará en septiembre. “Nosotros sabemos cuánto factura este negocio y no creo que pueda pagarnos los nuevos salarios”.  “A mí me pasa igual”, suelta uno de los presentes. Yo prefiero callar antes de admitir que también.

El café servido en un vasito de plástico pequeño cuesta 25 bolívares, más del tercio de lo que el gobierno permite cobrar por medio kilo de café molido. Y es sólo un ejemplo de la distorsión. “Cuesta casi tanto como el kilo de azúcar” (32 soberanos), completa Francisco.

El gobierno aumentó el salario de 5 millones a 180 millones de bolívares (o 180 mil soberanos) , pero ha exigido que las estructuras de costos y precios se mantengan controladas. Esta semana, fueron publicados los precios máximos de 25 productos básicos, y faltan más. Quien venda por encima se arriesga a la cárcel.

La preocupación es colectiva. ¿De dónde se saca más dinero para pagar? Entonces, otro temor se cuela: todos tendremos que reducirnos al salario mínimo, decirle adiós a las escalas salariales. Después de todo, el gobierno ha prometido financiar por 90 días las nóminas privadas y hasta compensar con bonos a los portadores del Carnet de la Patria, que permite acceder a beneficios sociales.

Mi madre, médico pediatra con consulta privada, no ha podido definir a cuánto cobrará las consultas. Lleva una semana sin fijar citas. Hasta ahora, distribuía sus ingresos calculando el costo de la consulta con base en precios del mercado. “Yo cobraba el equivalente a un cartón de huevos –36 unidades–, que cada semana tiene precio distinto. Así voy a la par”.

Pero su método ha quedado vetusto y no sabe cuánto cobrar, no sólo porque los huevos fueron regulados “y lo demás seguirá subiendo”, sino porque teme que todo se encarezca cuando los nuevos salarios impacten en la economía, cuando entre en vigencia el nuevo precio de la gasolina y se concrete el alza del transporte.

“Será poner algo temporal y luego ir subiendo”, ha repetido estos días. Jubilada del Estado, se ha negado a “arrastrarse” por el carnet. Especialmente cuando ve en la televisora pública cómo se burlan de los opositores que terminan sucumbiendo.

Periodistas de El Universal, el diario más antiguo de Caracas, deberán “carnetizarse” y cobrar directamente del Gobierno, pues sus empleadores ya admitieron que no pueden costear la nómina. En las empresas de Guayana, antiguo polo industrial, ocurre igual. Y así se va imponiendo la nueva realidad.

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