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El cardenal Brenes, en una mesa de diálogo en julio pasado. Foto: Especial
El cardenal Brenes, en una mesa de diálogo en julio pasado. Foto: Especial

En una nueva agresión del régimen en Nicaragua, este lunes fue secuestrado el asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), Carlos Cárdenas, según denunció la esposa de la víctima, Lisette Galeano.

De acuerdo con el testimonio,  Cárdenas fue raptado en su casa, en las afueras de la capital Managua, por un grupo de paramilitares.

El asesor legal de la Iglesia nicaragüense estaba en su vivienda con su esposa y su hija de 10 años, cuando un grupo de encapuchados, lo obligó a irse con ellos, bajo la amenaza de matar a la niña, si se negaba.

Los hechos ocurren en medio de una crisis social y política que ha dejado cientos de muertos por las protestas contra una reforma al sistema de pensiones del presidente Daniel Ortega, quien, además, ha desacreditado a la institución religiosa, que intenta actuar como mediadora, a la que acusa de apoyar un supuesto golpe de Estado.

El clero católico nicaragüense ha sufrido diversas agresiones, tanto verbales como físicas, desde que los obispos solicitaron al presidente adelantar para marzo de 2019 las elecciones de 2021, como una manera de dar una salida pacífica a la crisis.

“Me dolió que los señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas”, dijo Ortega el pasado 19 de julio, durante la celebración del aniversario 39 de la revolución sandinista.

A fines de julio pasado, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, advirtió que la Iglesia sufría de persecución por abrir las puertas de sus parroquias para que los heridos de las protestas contra Ortega -civiles o policías- fueran atendidos, o porque los sacerdotes caminaban literalmente entre las balas para impedir muertes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al régimen de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que el gobierno ha negado.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.

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