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Un policía italiano se cubre la boca al recibir a inmigrantes, el pasado mayo. Foto: Reuters
Un policía italiano se cubre la boca al recibir a inmigrantes, el pasado mayo. Foto: Reuters

El gobierno italiano aprobó un decreto de seguridad que prevé endurecer las condiciones para los inmigrantes que solicitan asilo en el país y expulsiones para los que sean considerados “un peligro social” o condenados en primer grado.

”En caso de peligro social o de condena en primer grado de un solicitante de asilo, será motivo suficiente para llevarlo a un centro para refugiados y comenzar con los trámites para su expulsión”, dijo el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini.

Salvini es un impulsor de modificar la normativa en materia de acogida de refugiados y limita la protección humanitaria de estas personas, un decreto que prevé la retirada de la ciudadanía si existe condena definitiva por terrorismo y amplía el periodo de permanencia en los centros para refugiados de 90 a 180 días.

De acuerdo con las nuevas disposiciones del decreto, Italia no permitirá la entrada en su territorio a ningún extranjero expulsado de otros países de la zona Schengen, el área que comprende a 26 países europeos que abolieron los controles en las fronteras comunes, también conocidas como fronteras internas.

Salvini ha celebrado este decreto y ha dicho que “es un paso adelante para hacer Italia más segura”.

“Hemos intervenido para afrontar en modo más eficaz la emergencia del terrorismo. Hacemos una reordenación para una disciplina más eficaz”

Giuseppe Conte

Primer ministro de Italia

Es una normativa “para combatir con más fuerza a los mafiosos y a los traficantes de personas, para reducir los costes de una inmigración exagerada, para expulsar más velozmente a los delincuentes y a los falsos refugiados, para quitar la ciudadanía a los terroristas, para dar más poder a las fuerzas del orden”, concluyó.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, señaló que el objetivo del decreto es una reorganización de todo el sistema de reconocimiento de la protección internacional para adecuarlos a los estándares europeos.

Sin embargo, la asociación “Refugees Welcome” expresó su “fuerte preocupación por la iniciativa.

“Este decreto representa un preocupante paso hacia atrás. En vez de potenciar el sistema de acogida, que ha favorecido procesos reales de inclusión, se decide reforzar la lógica de la emergencia que no garantiza ninguna integración”, dijo.

Claves de la norma

  • Decreto sobre seguridad e inmigración en Italia.
  • Abroga la concesión de permisos de residencia por motivos humanitarios.
  • Amplía la posibilidad de negar o revocar la protección internacional para quienes sean acusados de algún delito de primer grado.
  • Avala la suspensión de la demanda de asilo en caso de peligrosidad social.
  • La duración máxima en los centros de repatriación será ampliada de tres a seis meses.
  • Destina 500 mil euros para 2018 y 1.5 millones para 2019 y 2020.
  • Reserva a los acreedores de protección internacional y a los menores no acompañados los proyectos de integración e inclusión social.
  • Dispone el cierre de todos los campamentos gitanos en el país
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