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Una mujer espera cita para tramitar su refugio en Costa Rica, en julio pasado. Foto: Especial
Una mujer espera cita para tramitar su refugio en Costa Rica, en julio pasado. Foto: Especial

Justo en el momento en que al menos 8 mil nicaragüenses solicitan refugio en Costa Rica para huir de la crisis política de su país, el gobierno de Daniel Ortega anunció el otorgamiento de asilo al empresario Gustavo Adolfo Herrera, acusado de lavar 7.3 millones de dólares del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Al considerar que se trata de un “perseguido político” por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), el gobierno nicaragüense resolvió “otorgar asilo político al comerciante Gustavo Adolfo Herrera Castillo”, en virtud de la “potestad soberana del Estado” para otorgar esta garantía, según se detalla en el diario oficial La Gaceta, en su edición 160, del 21 de agosto de 2018.

Herrera, quien está ligado a causas fiscales con sospechas de corrupción en los últimos tres gobiernos de Guatemala, es considerado por la prensa de su país como uno de los hombres que influyeron en la designación de las autoridades judiciales guatemaltecas.

“La cuota de influencia de Herrera, dicen diputados de oposición y un abogado que le conoce desde años, tuvo un impacto decisivo en algunos de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) que integraron las Comisiones de Postulación que eligieron a los candidatos a magistrados del Organismo Judicial. También le confieren influencia sobre magistrados de las cortes de Apelaciones y de la CSJ que también integraron esas comisiones”, señala el diario Plaza Pública.

Gráfico: La Razón de México

De manera formal, sobre el nuevo refugiado político del régimen de Daniel Ortega pesan acusaciones por estafa propia, apropiación y retención indebidas.

Para solicitar el asilo, el empresario alegó que la CICIG prepara una comparecencia por los delitos antes mencionados, de los cuales ya ha sido sobreseído y cuya participación ha negado.

La protección a Gustavo Adolfo se hizo efectiva ayer, con la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores que avala la supuesta persecusión penal desde Guatemala que pone en peligro “la vida, integridad física, seguridad y libertad” del personaje en cuestión.

CANDIL DE LA CALLE… Desde abril, mes en que comenzaron los actos represivos de Daniel Ortega contra cientos de inconformes con su política de pensiones, la agencia de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) documentó 8 mil solicitudes de asilo de nicaragüenses a Costa Rica, sin contar otras 15 mil que ya han pedido una cita para iniciar el trámite.

En un comunicado, William Spindler, vocero de la ACNUR, indicó que las solicitudes han aumentado de manera “exponencial” en el país vecino, que reporta alrededor de 200 al día.

Nicaragua se encuentra sumergida en una crisis política desde el 18 de abril luego de que Ortega impusiera unas fallidas reformas a la Seguridad Social que provocaron denuncias a su salida del poder.

  • El Dato: El portal gubernamental El 19 Digital fue bloqueado ayer por un ataque informático cuya autoría fue asumida por el grupo Anonymous Nicaragua.

Próximo embajador de EU pide elecciones

Kevin K. Sullivan, nominado como embajador de Estados Unidos en Nicaragua, dijo que de ser confirmado en el cargo respaldará “elecciones anticipadas, justas y con observación internacional”, así como una investigación de los actos de violencia registrados desde abril.

Sullivan, quien se presentó a una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, añadió que promoverá junto a otros países y organizaciones internacionales, como la OEA, el fin de la violencia “patrocinada por el Estado” en Nicaragua.

“Las soluciones sostenibles (en Nicaragua) sólo pueden encontrarse con elecciones anticipadas y justas, con observación internacional, para que los nicaragüenses puedan decidir libremente el destino de su país”, dijo Sullivan al Senado.

La presentación del diplomático estuvo centrada en la labor que ejercerá de asumir el cargo en una Nicaragua marcada por la crisis que comenzó el pasado 18 de abril, la cual ha dejado muertas entre 198 (según el gobierno de Ortega) y 317 personas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La actual crisis en Nicaragua no sólo pone en riesgo el bienestar de la misma Nicaragua, también tiene efectos negativos en el resto de países vecinos de Centroamérica”, indicó.

“Si soy confirmado en el cargo, pediré con urgencia al gobierno de Nicaragua la liberación de las personas detenidas arbitrariamente”, prometió Sullivan.

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