Sin aval de EU, la anexión de Puerto Rico está en el limbo

Por Martha Cotoret y agencias >
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Puerto Rico aprobó convertirse en un estado de Estados Unidos hace una semana, sin embargo, la aplicación de este cambio de estatus avalado por el 97 por ciento de los puertorriqueños que acudieron a las urnas de votación, no depende de la isla. Su aplicación está en manos de Estados Unidos.
Nada cambiará sin el visto bueno del gobierno estadounidense, destaca Amílcar Barreto, profesor asociado de la Northeastern University, especializado en la política y la identidad de Puerto Rico. “Todo está en las manos del Congreso. Y tengo fuertes sospechas de que, al margen del resultado, el Congreso probablemente ignore los resultados del plebiscito y, después de una semana, haga de cuenta que no hubo uno”, explica.
Aunque el gobernador de Puerto Rico y principal impulsor de la anexión a Estados Unidos, Ricardo Roselló, ha prometido defender los resultados electorales en Washington, la administración de Donald Trump parece no estar interesada en incorporar una nueva entidad a su territorio.
“En este momento histórico (eso seguramente cambiará en el futuro) el gobierno federal, incluyendo el Congreso, ha demostrado ser altamente racista e aislacionista, lo que no es favorable para venderle al Congreso la idea de la admisión de Puerto Rico”, explica Israel Santiago Lugo, profesor de la Escuela de Derecho de la PUCPR, en un artículo publicado en el diario local El Nuevo Día.
Para que un estado pueda anexarse a Estados Unidos, el Congreso tiene que discutir y votar si incorpora a Puerto Rico a la federación, con todos los derechos (y deberes, como pagar impuestos federales, algo que hasta ahora no ocurre en la isla) de cualquier estado. En caso de que las dos cámaras, la de Representantes y el Senado, dan su visto bueno, el presidente tendrá que poner su firma en una orden ejecutiva.

Una solución a la crisis. Para Ricardo Roselló, máxima autoridad de la isla, la incorporación de la isla a territorio federal de EU es un derecho y una clara salida a la crisis económica que atraviesa el país. Si bien no paga el impuesto federal a los ingresos, Puerto Rico hace aportes al Seguro Social y al programa Medicare (seguro médico para mayores de 65 años), además de los impuestos locales, pero recibe menos fondos federales que los estados de Estados Unidos.

Quienes apoyan la estadidad y algunos economistas afirman que ese trato desigual contribuyó a la crisis económica de la isla, derivada en gran medida del fuerte endeudamiento y también de la eliminación de incentivos económicos federales.

“Es evidente que necesitamos hacer un cambio de ruta hacia un nuevo futuro”, expresó el senador oficialista Carmelo Ríos. “Puerto Rico se encuentra en el punto más crucial de su historia moderna, donde su modelo político-económico ha colapsado, la sociedad ha hecho crisis, el gobierno no puede auto-sostenerse y hemos visto con mucho dolor cómo los nuestros parten de nuestro lado, en busca de una mejor oportunidad de calidad de vida”.

El gobernador Rosselló firmó la semana pasada una medida que lo autorizaría a elegir dos senadores y cinco representantes, que enviaría a Washington a pedir la estadidad, la misma estrategia que empleó Tennessee, cuando fue incorporado a la unión en el siglo XVIII. “Nuestra situación colonial es insostenible y ha contribuido a crear la actual crisis fiscal y económica”, afirmó Rosselló.

Sin embargo, hay quienes cuestionan el momento en que se llama a este nuevo plebiscito, un mes después de que el gobernador de la isla dijera que Puerto Rico empezaría un proceso parecido al de una bancarrota, para restructurar parte de su deuda pública de 73 mil millones de dólares.

“Impulsar la estatidad en tiempos normales es ya de por sí bastante difícil; hacerlo estando en un tribunal de bancarrotas es totalmente ridículo”, sostiene Barreto. “No podían elegir un peor momento. No pensaron mucho, tal vez por la desesperación, cómo esto puede hacer cambiar de parecer al Congreso”, agrega el académico.

Si la isla pasase a ser un estado, los puertorriqueños tendrían que pagar millones de dólares en impuestos federales, señaló Manuel Calderón Cedrame, vicepresidente de la rama juvenil del principal partido de oposición.

“La estadidad no es un modelo económico. Es un modelo político”, manifiesta el profesor de la Northeastern University. “Desde que soy pequeño, en Puerto Rico se ha dicho que el estado más pobre de Estados Unidos es Mississippi. A mis 28 años, todavía Mississippi sigue siendo el estado más pobre. No hay garantías que establezcan que la estadidad significaría un impulso económico para Puerto Rico”, agrega.

Puerto Rico ha realizado cuatro plebiscitos sobre el tema. En los primeros tres no hubo una clara mayoría y los votantes estuvieron divididos entre la estadidad y el status quo. Pero en el plebiscito del 2012, el 54 por ciento dijo que quería un cambio de status. Un 61 por ciento de las personas que respondieron a una segunda pregunta dijeron que preferían la estadidad. Casi medio millón de personas, no obstante, dejaron esa casilla en blanco, lo que hizo que muchos adujesen que el resultado era ilegítimo.

Quienes se han quedado en Puerto Rico sufren los nuevos impuestos y pagos más altos por los servicios públicos. En la isla, los alimentos son 22 por ciento más caros y los servicios públicos 64 por ciento que en territorio continental estadounidense. Quienes se oponen a la estadidad se dicen preocupados de que la isla pierda su identidad cultural, y advierten que Puerto Rico tendrá mayores dificultades financieras, porque se verá obligada a pagar millones de dólares en impuestos federales.

Republicanos, sin interés en la incorporación

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tiene difícil, además, encontrar oídos abiertos en el Congreso federal. Los republicanos, que controlan las dos Cámaras, no están por la labor de dar representación a los puertorriqueños, una población de tendencia demócrata en las urnas y que actualmente no tiene derecho a votar en las elecciones presidenciales estadounidenses. Su actual representante en el Congreso tiene derecho limitado de voto.

Desde el gobierno de San Juan, el referendo (quinto tras los de 1967, 1993, 1997 y 2012) se había promovido, en parte, como un paso en el arduo camino hacía la solución de la grave crisis económica que asola a la isla, de la que han emigrado rumbo a EU, en la última década cerca de medio millón de puertorriqueños.

Casi la mitad de sus 3.4 millones de actuales habitantes viven en la pobreza, el índice de paro es del 12 por ciento y el costo de la vida es mucho más alto que en EU, con la alimentación un 22 por ciento más cara y los servicios públicos un 64 por ciento.

En esas circunstancias, y en el mismo mes en que se han cerrado 163 escuelas públicas, muchos han criticado la celebración de una consulta que ha costado 7.5 millones de dólares y que Washington había pedido que se retrasara.

La economía de Puerto Rico está intervenida desde el año pasado por una junta de control fiscal, que nombró el Congreso de Washington y que, formada por siete tecnócratas estadounidenses, es la que supervisa la política económica, con autoridad para derogar leyes.

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