Los parlamentarios en la agenda 2030

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Hace un par de años, la comunidad internacional se envolvía en un intenso debate para definir los nuevos objetivos que la humanidad perseguiría en
los próximos años. Hoy los reflectores dirigen su atención a la cuestión crucial de la implementación de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, las cuales conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

El pasado 30 de marzo la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunción con la Oficina de la Presidencia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, realizó el diálogo “Mejorar las condiciones de vida de las personas, mediante la coherencia y coordinación de políticas nacionales”, a fin de identificar principios y enfoques para lograr la transversalización y la coordinación de políticas, mecanismos existentes y actores para la implementación de la agenda 2030.

Los ODS ofrecen la oportunidad a los parlamentarios de mostrar su compromiso con la mejora de la vida de las personas y de la salud del planeta. Tal como lo establece el párrafo 45 de la Declaración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los “parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de cuentas. Las instituciones públicas también colaborarán estrechamente en la implementación con las autoridades regionales y locales, las instituciones subregionales, las instituciones internacionales, la comunidad académica, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de voluntarios y otras instancias”.

Nuestra tarea como legisladores también implica un proceso de rendición de cuentas que es fundamental para el cumplimiento de los ODS, ya que la implementación requiere de un constante seguimiento puntual, para garantizar resultados concretos.

Desde el Senado hemos decidido asegurar la apropiación nacional de los ODS, por ello estamos comprometidos a formular leyes que reflejen estos principios y compromisos comunes que pretenden hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Los ODS representan el compromiso de garantizar a todas las personas el derecho a la ciudad, que las ciudades sean resilientes y que las políticas públicas que se implementen tengan como uno de sus objetivos el abatimiento de la pobreza.

Teniendo esto en mente es que se aprobó una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, cuyo principal objetivo es la regulación de los asentamientos humanos en nuestro país; que los mismos se den de manera ordenada y sostenible. Que los asentamientos humanos se den respetando el entorno que les rodea. Que los asentamientos humanos no se den en zonas de riesgo para la población. Que los asentamientos humanos que se autoricen sean proveídos también de los servicios básicos para la población, como son agua potable, electricidad, centros de trabajo, centros de estudio, centros de recreación y el transporte necesario para acceder a todo esto, y por supuesto la seguridad pública.

Es así como teniendo en consideración todas estas responsabilidades, los legisladores mexicanos participamos de manera decidida en todos los foros para la exitosa consecución de los ODS al tiempo que adecuamos nuestra legislación de acuerdo con las metas planteadas para lograr que todos los mexicanos puedan disfrutar de los beneficios una vez que sean alcanzados.

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